xoves, 14 de agosto de 2014

E TÍÑAMOS RAZÓN




                                                                                                             

Los salarios no levantan el vuelo

Los sueldos negociados en convenio en Galicia han crecido este año apenas el 0,77 %, uno de los incrementos más bajos de la serie histórica

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El mercado de trabajo ofrece tímidos síntomas de recuperación gracias a la contratación eventual y por horas, lo que ha permitido mejorar las cifras de ocupados tras muchos meses de destrucción de empleo. Pero los salarios apenas logran levantar el vuelo. Después de un profundo proceso de devaluación interna para ganar competitividad, y consumada la bajada, los sueldos inician ahora la senda de la contención. Un camino que algunos expertos apuntan que durará años. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo, revelan que, en la comunidad gallega, las retribuciones medias pactadas en convenio hasta el mes de julio crecieron el 0,77 %, ligeramente por encima del registro español, pero uno de los incrementos más bajos de la serie histórica.
En los 62 convenios de empresa firmados en los siete primeros meses del año en Galicia, que afectan a 12.774 trabajadores, el aumento medio es del 0,34 %. Pero en A Coruña, por ejemplo, donde se han suscrito 12, hay una variación salarial negativa en 2,2 puntos, y que afecta a más de 700 trabajadores. El incremento retributivo medio en los quince convenios de ámbito superior a la empresa, donde hay englobados 41.809 trabajadores, se sitúa en el 0,9 %.
Los descuelgues
A todo esto hay que sumar los procesos de inaplicación de convenios que tienen como objetivo la congelación o la bajada de salarios. Hasta el pasado mes de junio, se habían contabilizado en la comunidad casi 130, con unos 2.000 trabajadores afectados.
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Los datos divulgados por Empleo a nivel de todo el Estado revelan, por ejemplo, que los salarios negociados en convenio hasta julio han crecido de media el 0,54 %, por debajo de Galicia. Pero esa cifra esconde otra realidad. Hay 732.505 asalariados de los más de 3,7 millones que se encuentran amparados por los 1.046 convenios registrados hasta julio que han visto cómo se les congelaba su sueldo. Son 50.000 más de los que se habían contabilizado en los siete primeros meses del pasado año.
A ello hay que añadir los 1.532 descuelgues de convenio que afectaron a otros 50.000 empleados hasta el mes de julio. En el mismo período del 2013, las inaplicaciones para congelar o reducir los sueldos, sin embargo, llegaron a más del doble de personas, 110.000, según la serie del Ministerio de Empleo.
Los datos del departamento que dirige Fátima Báñez solo ofrecen la información relativa a los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva, sujetos a pactos, pero otra fuentes estadísticas, como el INE o la Agencia Tributaria, corroboran el proceso de devaluación salarial al que sigue sometido el mercado de trabajo. Una dinámica que remite en su intensidad y que apunta ahora a la senda de la contención o congelación que permita consolidar en el tiempo la bajada aplicada los últimos años.
Esta estrategia para salir de la crisis diseñada por el Gobierno central, cuyos mimbres puso la reforma laboral del 2012, no está exenta de riesgos para la marcha de la economía española. De hecho, la evolución de los precios y la debilidad de la demanda interna -solo compensada en Galicia por las exportaciones- se explica por la escasa capacidad de los hogares para recuperar su consumo. Y no parece que los datos de Empleo ni de otras fuentes apunten a un cambio de tendencia en este sentido. Más bien al contrario.
Más horas, menos sueldo
La última Encuesta Trimestral de Coste Laboral, elaborada por el INE, muestra que el coste salarial, en el que se incluyen todas las remuneraciones brutas tanto en metálico como en especie, se redujo el 0,2 % en el primer trimestre del 2014 respecto al mismo período del año anterior, situándose en los 1.805,76 euros. El coste salarial ordinario, es decir, sin pagos extraordinarios ni atrasados, no experimentó variación: 1.632,94 euros. Esto contrasta con la evolución de la jornada laboral, que aumentó en el mismo período en tasa interanual un 1,6 %, hasta las 34,3 horas. Unos datos que evidencian una dinámica encaminada a trabajar más por menos. Esa fue curiosamente la fórmula que planteó en su día Gerardo Díaz Ferrán, entonces presidente de la CEOE, ahora encarcelado, como vía para salir de la crisis económica. Ahora, mientras los sindicatos proponen subidas generalizadas de los salarios, las empresas plantean incrementos moderados. Y solo en aquellos sectores que obtengan beneficios.

Noventa mil gallegos trabajan media jornada, pero la querrían completa. Agora son 100 mil.

Son casi 38.000 más de los que había hace ahora cinco años

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La radiografía trimestral sobre la salud del mercado laboral que difunde la encuesta de población activa (EPA), el método validado por la UE para poder comparar los niveles de paro entre países, vuelve a evidenciar que la recuperación de la economía española no ha llegado apenas al empleo. Y, lo más importante, que el poco que se crea es en condiciones cada vez más precarias. La devaluación salarial impulsada por la reforma laboral ha agrandado la brecha. Pero a ello se suma que gran parte de la destrucción de ocupados a tiempo completo que desencadenó la crisis se ha empezado a sustituir por trabajos a media jornada, mucho peor pagados.
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La EPA revela que hace ahora cinco años, en el inicio de la crisis, había en Galicia 53.600 trabajadores con empleo a tiempo parcial que declaraban estar así por no haber encontrado una ocupación todo el día. Entonces, este grupo de personas representaban el 42 % de todos los trabajadores a media jornada. Cinco años después, hay 91.100 ocupados gallegos con contrato a tiempo parcial que se hallan así por no haber encontrado algo mejor. Y representan el 63,9 %.
La evolución del tipo de ocupados desde que empezó la crisis traza también una línea curiosa: se ha destruido empleo a tiempo completo, pero en cambio, ha aumentado a media jornada. En el tercer trimestre del 2009, la EPA contabilizaba 124.600 trabajadores con un contrato parcial. Y hoy son ya 142.400. En la precarización del mercado laboral está jugando también un papel la figura de los nuevos autónomos que, en muchos casos, eran asalariados y a los que la empresa, en aras de reducir costes, aconseja asumir la cotización.
«El deterioro del mercado laboral de trabajo está propiciando que surja la figura del trabajador pobre: más allá de la definición estadística, yo diría que es aquel que no puede vivir de su salario», sostiene Manuel Lago, economista de Comisiones Obreras. La UE, que abandera los recortes y la austeridad, pidió en enero a los Estados que adopten medidas contra este problema.

«Tendremos que elegir si comemos o pagamos para la jubilación»

Parados afectados por el cambio de criterio del Gobierno sobre su retiro anticipado a los 61 años denuncian la indefensión que les supone ese viraje

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«Entiende que muchos de nosotros, a partir de este cambio de criterio de la Seguridad Social, nos encontramos durante dos años más, hasta los 63, teniendo que elegir si comemos o pagamos el convenio especial para acceder a una jubilación mejor». Así resume Miguel Ángel Díaz una situación que comparten decenas de miles de afectados. La crisis se llevó por delante su empleo en el 2011, tras 35 años trabajando, y después de 24 meses cobrando el paro le fue imposible encontrar otro trabajo.
«Me denegaron el subsidio porque mi mujer trabaja, pero lo que me dijeron en la Seguridad Social fue que lo que tenía que hacer era suscribir un convenio especial, de forma que cotizase para llegar a cobrar la pensión máxima cuando me jubilara anticipadamente, a los 61 años, es decir en mayo del 2015», relata.
Miguel Ángel paga cada mes 950 euros -el máximo que contempla el convenio especial- con los ojos puestos en mayo del próximo año, una fecha que el sorpresivo cambio de parecer del Ministerio de Empleo parece que alejará en su agenda 24 meses más. «El martes fui al INSS a informarme, ya que aún no tengo la edad preceptiva. Pero me lo confirmaron verbalmente: con la nueva circular me denegarían la jubilación a los 61 años. Insisto, a partir de mayo tendré que decidir si comer o seguir pagando».
En un arranque de desesperación insiste en que ha hecho todos los cálculos posibles y que no sabe cómo compatibilizarlo: «¿Hasta mayo rezo y después me suicido? ¿De dónde saco 70.000 euros, que es lo que me supone esto entre cotizar y dejar de percibir pensión?».
Díaz es uno de los muchos afectados que comparten preocupación e información en las redes sociales, aunque también ánimos e ideas para que el ministerio revoque su decisión de junio, ratificada el 1 de agosto. Primero desde un foro creado específicamente para tratar el problema y después desde el grupo de Facebook bautizado como «Jubilación anticipada 61».
Felipe de Frutos, lleva desde principios de julio convertido en paladín de esta cruzada contra una agresión que se niega a soportar. «Yo soy un futuro afectado, si el ministerio no da marcha atrás, porque me despidieron en el 2010. Me quedan casi tres años para jubilarme y estoy cotizando por el convenio especial», relata. Explica que se enteró del cambio de criterio «por un compañero, porque su mujer acabó el paro en marzo y cumplía los 61 años el 30 de julio, y le denegaron la jubilación anticipada»
La solución pasa por el juzgado
Los casos se multiplican. Como el del padre de Pilar Alonso, de 62 años, empleado de banca al que le aplican un despido objetivo y amortizan su puesto. «Yo no veo otra solución que no pase por el juzgado. Vamos a ir hasta el final. No tenemos nada que perder y la inseguridad jurídica es inadmisible. Mi padre se preguntaba el otro día ?¿y si el año que viene vuelve a pasar otra vez??», relata.
Porque su padre, para tener una pensión futura que le permitiera vivir con comodidad, optó por el convenio especial, que le supone cotizar prácticamente mil euros al mes, y además decidió retrasar a los 62 su jubilación. El 30 de julio, al cumplirlos, la solicitó. «La semana pasada recibimos la notificación denegándosela porque faltaba documentación. Cuando llevamos el papel concreto que pedían a la Seguridad Social la funcionaria nos admitió que el motivo no era ese, sino el convenio especial. Y por primera vez oímos hablar del cambio de criterio. Ahora no podría jubilarse a los 63, sino a los 63 y tres meses, porque ya se le aplicaría la nueva legislación. Es un roto de 40.000 euros entre lo que dejaría de pagar y lo que percibiría», completa.